EL MALTRATO A LOS JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ESPOL Y COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS, UN HECHO QUE EL PAÍS REPUDIA
El maltrato a los jubilados UG, ESPOL y CTG, un hecho que el país repudia.
SISTEMA DE JUSTICIA: LA PEOR LETRINA DEL ECUADOR
Walteriñho.
El maltrato que recibimos las personas de la tercera edad, algunos con enfermedades vulnerables y catastróficas, que, después de haber cumplido más de 30, 40 y 50 años al servicio de una institución y que ahora la corrupta justicia sometida a gobiernos de turno, no hace prevalecer sus derechos, es un hecho que el país repudia.
Gracias a estos “funcionarios” canes, serviles, inexpertos, arrogantes e incapaces, han muerto decenas de extrabajadores, porque no supieron manejar un tema tan sensible como el pago de la JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA y otros beneficios, a los jubilados de instituciones de prestigio como fueron la UG, ESPOL y CTG.
Solo la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL tiene 1500 jubilados impagos -docentes y empleados administrativos- de los cuales 300 han muerto. La ESPOL, 109 empleados y trabajadores reclaman la reliquidación de los Fondos de Reserva. Mientras que, la COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS, 103 murieron de los 700 ex uniformados que exigen el pago de sus beneficios.
¿HASTA CUÁNDO ESPERAMOS SEÑORES MAGISTRADOS INDOLENTES??
La justicia en Ecuador, se ha convertido en un privilegio para los que tienen padrinos políticos, en lugar de hacer respetar la Ley con ética y profesionalismo, se entregan al mejor postor por un cargo en la docencia, en el caso de la Universidad de Guayaquil.
Ancianos extrabajadores de la Universidad de Guayaquil, la primera institución universitaria del Ecuador; la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Comisión de Tránsito del Guayas, mueren cada día a vista y paciencia de los funcionarios que fueron designados para administrar justicia.
Sin ton ni son alargan el trámite, pierden documentos y tal vez ni leen los cientos de hojas que lleva el juicio, en juzgados, Fiscalía, Corte Provincial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y su Perito, y como chiste aceptan apelaciones cuantas veces les da la regalada gana, fuera de tiempo, contraviniendo la Ley, prevaricando, incurriendo en errores inexcusables por tapar al servidor de turno.
Fiscalías arrodilladas que tienen docentes de la Facultad de Jurisprudencia que los cubren o son el nexo con el rector y otras autoridades, para así cubrir nefastas fechorías jurídicas, nadie sanciona a estos malos servidores, que entre ellos se cubren las sinvergüencerías, cuando se hacen público las anomalías en los torcidos “trámites”.
Los mediocres que viven “vendiendo” justicia para sus propios intereses, deben ser destituidos de inmediato pues son y fueron escogidos a dedo, gente sin escrúpulos y sin conocer los sagrados postulados del derecho, por eso es que se dedican a llenarse los bolsillos con dinero mal habido descomponiendo la sociedad e irrespetando la Ley.
En fin, es un calvario lo que padecemos quienes reclamamos algo justo, por haber dejado nuestra juventud en estas entidades.
Después que los jueces y todos quienes no aplicaron la justicia, el último paso es denunciar este mal procedimiento, con una acción extraordinaria de protección a la famosa CORTE CONSTITUCIONAL, donde sus miembros también han sido señalados de corrupción.
Hay una en especial, la causa 230-26-EP de un empleado que laboró cerca de 40 años en la UG, fue inadmitida por el juez ponente Lozada. ¿Por qué? ¡Vaya usted a saber, mis queridos feligreses!!
Este es otro organismo que solo se dedica a revisar casos políticos afines al gobierno y otros partidos o movimientos políticos y no al pueblo trabajador y honrado.
¡Con todo lo descrito no sabemos a quién acudir!
Y qué decir de la CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS, donde el capo Pablito Muentes hoy preso en la cárcel del Encuentro, era el dueño del Palacio de la Injusticia y ordenaba a todo el conglomerado judicial, empezando con la presidenta Fabiola Gallardo.
Hoy están presos, como una muestra de la letrina en la que está sumida la justicia ecuatoriana.
Esta situación, demuestra la amoralidad del sistema judicial de la nación, es inconcebible que los llamados a “administrar” justicia, irrespeten la Constitución y Leyes de la República; pero la practican a su antojo, perjudicando a los pobres de la patria, que dedicaron sus vidas por el desarrollo de la nación.
Los ancianos jubilados de la gloriosa Universidad de Guayaquil, públicamente, demandamos al Doctor Alí Lozada Prado, la REVISIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL, ILEGAL Y ARBITRARIA RESOLUCIÓN, porque perjudica a cientos de adultos mayores.
La Corte Constitucional responde con tozudez e indiferencia al trabajador, que es INADMISIBLE EL RECLAMO, quiere decir que por ser veteranos no somos sujetos de justicia, cuando ellos son los llamados, a hacer cumplir lo estipulado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aprobada el 10 septiembre 2009 y publicado en el Registro Oficial el 22 de octubre del mismo año, con el fin de garantizar justicia y paz social en el sistema laboral ecuatoriano.
El reglamento de Jubilación institucional lo aprobó el Consejo universitario de la Universidad de Guayaquil, en el año 1990, hace 36 años, y jamás mereció observación alguna de parte de la Contraloría, porque su accionar estaba direccionado
responsablemente bajo la observancia irrestricta de la Carta Magna y leyes vinculantes de un estado de Derecho, por lo tanto, es justo que se nos cancele lo que por Ley nos corresponde.
¿Cómo es posible, que quienes se reúnen en la Corte Constitucional, decidan a quiénes pagar la jubilación complementaria y a quiénes no, poniendo un tope de períodos, cuando es al patrono que le corresponde?
Pero ni siquiera a ellos les hace caso el cuestionado Paquito Morán Peña, pues, en una resolución dice que se pague a los que se jubilaron hasta el 2014, ya vamos por medio año del 2026 y siguen muriendo los compañeros, hace una década.
Exigimos la revocatoria inmediata de esta sentencia discriminatoria, considerando que los ecuatorianos necesitamos transparencia en sus resoluciones.
Todo es un desastre en este país dominado por la narcopolítica, cada día hay hambre, dolor y desempleo, con miles de familias a las cuales nadie asiste.
Entidades como La Contraloría General del Estado y la Fiscalía que no investigan la serie de denuncias al interior de la Universidad de Guayaquil.
Una prensa silente, pautadora y con hijos burócratas hacen oídos sordos al clamor de ancianos.
Asambleístas ambiciosos, que callan por conveniencia y se burlaron cuando asistieron a reuniones con los trabajadores en desgracia y al pedir explicaciones sobre las denuncias públicas en la Universidad de Guayaquil, el rector Paco Morán Peña, les ofreció un cafecito y por ende un carguito para los “honorables legisladores sinvergüenzas” y se fueron felices.
¿Hasta cuándo país?
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