LOS MAROMEROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / EDITORIAL DE ANTONIO MOLINA CASTRO

 

 

 

 

La Patria boba

LOS MAROMEROS...

Por ANTONIO MOLINA

 

• El CPCCS, definitivamente, tiene que desaparecer porque es altamente costoso mantener un organismo de bellacos maromeros al servicio de las acrobacias constitucionales para traer de vuelta a siniestros personajes.

 

Quien hace piruetas, da volteretas o nos brinda una suerte de acrobacia sea en un alambre, en una cuerda y una soga bien trenzada, hace maromas y quien las repite con sostenida persistencia se convierte en maromero, un experto en estos saltos de acrobacia, que termina haciendo arte popular, como el que nos ofrecen jóvenes en bocacalles de avenidas y entre luces de semáforos, por unos escasos centavos, en vez de asaltarnos con pistola en mano. Son maromeros simpáticos.

 

Pero hay otros maromeros que son antipáticos, bellacos, cínicos y sinvergüenzas, que tienen la audacia de burlarse del país y de sus instituciones, de las leyes, la Constitución y hasta del sentido común, diciendo que constituyen la quinta esencia de la democracia, porque integran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reducido a una sigla que todos leen, pero muy pocos la entienden CPCCS, que más parece etiqueta de un traje caro.

 

El CPCCS es simplemente un engendro que los “asesores españoles” de la Constituyente de Montecristi introdujeron en la Constitución (aprobada en Referéndum de 2008) para congraciarse con el nuevo orden que establecía la Revolución Ciudadana en Ecuador. Igual que en la Revolución Francesa (14/7/1789) cuando el francés de entonces perdió rango y profesor para convertirse en ciudadano, hijo de la revolución de las Tullerias.

 

La crisis institucional que vivimos en este momento se origina en ese engendro, que está en crisis desde su nacimiento y no es cualquier crisis, es orgánica y debe ser resuelta con urgencia con su eliminación de la Constitución, a través de un referéndum que el nuevo Gobierno debería poner a consideración del pueblo, a más tardar en mayo o junio próximos, so pena de vivir en sobresaltos institucional, bordeando cualquier tipo de regímenes de facto.

 

En ningún país democrático del mundo existe un suprapoder que va más allá del Parlamento y que desafíe y pretenda aupar a la Corte Constitucional que vela por la observancia de la Constitución.

Tiene la capacidad de nominar a más de 75 autoridades de control y para ello no juega limpio y por eso ha desatado la ambición de los políticos criollos que han entendido el mensaje de que captando el CPCCS tienen el poder de la República, de modo que vale gabardina la banda que ostenta todo mandatario que dice “MI PODER EN LA CONSTITUCIÓN, que lo han absorbido 7 ciudadanos (supuestamente ciudadanos, despojados de banderías políticas) y NO 5, para facilitar una mayoría de 4, para cambiar decisiones del pleno, como acaba de ocurrir con la designación del Superintendente de Bancos. ¿Para qué elecciones presidenciales y legislativas si captando el CPCCS se tiene el control del Estado de Derecho?

 

Siempre fue así, desde inicio de siglo, desde el primer gobierno de la Revolución Ciudadana que se dio a través de la Constituyente de Montecristi una Constitución a la medida, con instituciones claves si les llegaba la crisis de gobernabilidad por el hiperpresidencialismo. 

 

La enfrentó Lasso con la Muerte Cruzada cuando la Asamblea y el CPCCS lo dejaron sin opciones y lo arrastraban a la destitución.

 

Su sistema operativo es muy complejo. Tiene etapas y subetapas para designar las autoridades de control y sus operadores, que son los consejeros del CPCCS con sus subalternos y asesores que imponen las reglas y los plazos para las designaciones, con mucha discreción, como pasó con la Defensoría Ciudadana en que tardó como 5 años. Ahora mismo hay morosidad con el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y el mismo Tribunal Contencioso Electoral.

 

¿Y por qué no reacciona la ciudadanía, en cuyo nombre actúa ese engendro? Porque a los partidos políticos no les interesa alertar a su militante a defender su derecho ciudadano y por eso perdieron el Referéndum del 2023 y las propuestas de reformas fueron negadas por la Asamblea del 2019, porque obviamente la desaparición del CPCCS le afectaba y se opuso tajantemente.

 

Mantener el CPCCS es botar el dinero que no tiene el Estado. No expresión de democracia y prueba de ello es que Eduardo Franco Loor fue en su nombre a Caracas a rendirle pleitesía a una dictadura feroz que asesina y encarcela a opositores e inmoral porque produce, exporta droga y lava ese dinero, mientras su pueblo se muere de hambre viviendo con un salario de 10 dólares mensuales.

 

El CPCCS, definitivamente, tiene que desaparecer porque es altamente costoso mantener un organismo de bellacos maromeros al servicio de las acrobacias constitucionales para traer a siniestros personajes.