JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EXIGEN REVOCATORIA SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL

 

 

 

Absurda, injusta e improcedente jurisprudencia

JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EXIGEN REVOCATORIA SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL

 

Mientras el Dr. Alí Lozada Prado, titular de la Corte Constitucional manifiesta que este organismo “emite jurisprudencia en respuesta a casos concretos sobre “posibles vulneraciones” a la Constitución y a los derechos fundamentales”; ante esta declaración, los jubilados de la Universidad de Guayaquil, solicitamos públicamente, revoque la sentencia que lesiona a los ex docentes y empleados administrativos que laboramos más de 30, 40 y 50 años en la primera institución de educación superior del país, por considerársela ilegal, injusta e improcedente, tomando en cuenta que el máximo representante de la justicia ecuatoriana, tiene el deber ineludible de velar por los derechos de los trabajadores ecuatorianos y no perjudicarnos por presiones políticas. 

 

El sistema de justicia del país -Corte Nacional y Corte Provincial, así como el Consejo de la Judicatura -están tan “preocupados” por los delincuentes de cuello blanco, narcos y pillos vulgares, que han olvidado al pueblo honesto que entregó su juventud por el desarrollo de la nación. 

 

Todo está corrupto en Ecuador, no hay como confiar en los administradores de justicia, porque también cumplen el “mandato” de los dueños de los partidos políticos y no hacen cumplir lo que reza en la Constitución y Leyes de la República. 

 

Los jubilados de la Universidad de Guayaquil, hacemos conocer a la opinión pública y demás poderes del estado, el abuso de las acciones constitucionales, que tomó el directorio anterior, al negarle la jubilación complementaria a cientos de ex docentes y empleados de la gloriosa Universidad de Guayaquil, algunos con enfermedades catastróficas que no tienen ni siquiera para suplir la compra de medicinas para su costoso tratamiento y para su alimentación.

 

El reglamento de Jubilación institucional se aprobó por el Consejo universitario de la Universidad de Guayaquil, en el año 1990, hace 32 años, y jamás mereció observación alguna de parte de la Contraloría, porque su accionar estaba direccionado responsablemente bajo la observancia irrestricta de la Carta Magna y leyes vinculantes de un estado de Derecho, por lo tanto, tenemos derecho a que se nos cancele lo que por Ley nos corresponde.

 

¿Por qué de un solo plumazo los honorables magistrados de la Corte Constitucional anterior, sentenciaron, que solo se tiene que pagar a aquellos que se jubilaron hasta el 2010 y nada al resto, que desde el 2011 reclamamos el mismo derecho?

 

¡Qué indignación, carajo!!!